Trabajo quiere negociar permisos pagados recuperables en los ERTE

Si la desescalada en la emergencia sanitaria va a ser compleja, la económica –que depende de la incierta evolución de la pandemia– no resultará menos complicada. Ayer, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, puso el acento en la adaptación a las nuevas circunstancias del mecanismo que ha dejado en suspensión el trabajo de cuatro millones de personas, los ERTE. Díaz defendió que la normativa de los expedientes temporales de regulación de empleo vinculados a la Covid-19 cambiará para acompasarse a las dos fases posteriores al levantamiento del actual estado de alarma. Así, propuso por ejemplo incorporar los permisos retribuidos recuperables a la negociación de los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas.

Esta figura, utilizada hace unos días para lograr el parón generalizado de los trabajadores de las actividades no esenciales en torno a la Semana Santa, podría acordarse entre empresa y sindicatos al negociar la aplicación de un ERTE, mediante “una reducción de jornada recuperable”. Y al ser consensuado, sería posible “incluso acceder a exenciones o reducciones” de las cotizaciones. Díaz también dio a entender que los ERTE por fuerza mayor se extenderán, pese a perder protagonismo frente a aquellos por causas objetivas con el final del estado de alarma. Y apuntó que “evolucionarán los mecanismos de exención/reducción de cotizaciones a la Seguridad Social y la protección de desempleo de los ERTE”.

El 34% del empleo perdido se concentra en los menores de 30 años, denuncia la ministra Yolanda Díaz

Pero la ministra de Trabajo no entró en detalles sobre la duración y los sectores beneficiados, alegando que este tipo de medidas las estaban negociando con los agentes sociales. Ayer, durante la presentación de los actos virtuales del 1 de mayo, el secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez, no descartó la posibilidad de alcanzar esta semana un acuerdo dentro del diálogo social sobre la progresiva reactivación de la economía. Poco después, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció que el presidente Pedro Sánchez se reuniría mañana jueves con los máximos representantes de CEOE Cepyme, CC.OO. y UGT. Se trata de un proceso clave, en especial para sectores como la hostelería, la restauración o la industria del ocio.

En todo caso, al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del área económica, Nadia Calviño, evitó dar por sentenciada la campaña estival para el potente sector turístico –alejándose de las manifestaciones de Yolanda Díaz sobre una recuperación laboral en dos tiempos hasta finales de año, que levantó una auténtica polvareda entre las actividades afectadas–. Calviño aseguró que “espera” que se pueda llevar a cabo la campaña de verano, además de recalcar que el turismo tendrá un “tratamiento especial” por parte del Gobierno ante la crisis.

Preguntada por el compromiso de las empresas con ERTE de seis meses de mantenimiento del empleo, Díaz confirmó que afecta tanto a los de fuerza mayor como los de causas objetivas.

Sobre la situación excepcional del mercado laboral, Yolanda Díaz concluyó que, tras estar en una primera fase “más intensa”, en los primeros 20 días de abril el paro registrado aumentó en 185.270 personas (+5%). Entre el 12 y el 31 de marzo el paro aumentó en más de 300.000 inscritos. En la actualidad, ya hay más de 3,7 millones de desempleados, señaló la ministra. Al hacer una llamada a un pacto contra la precariedad, Díaz argumentó que los trabajadores temporales están pagando la factura de esta crisis. Y de rebote, los más jóvenes: “El 34% de todo el empleo perdido se concentra entre las personas menores de 30 años”, denunció.

Por otro lado, el Consejo de Ministros aumentó ayer la cobertura social para determinados colectivos de trabajadores que habían quedado desprotegidos hasta ahora, como los de temporada, fijos discontinuos que ahora tienen derecho a la prestación por desempleo durante 90 días. Además aprobó nuevas medidas tributarias para apuntalar todavía más la liquidez de autónomos y pymes, que Calviño cifró en una inyección de 1.100 millones de euros al tejido productivo.

Entre el paquete de 30 medidas de ámbito económico, figura proporcionar la prestación por desempleo a los trabajadores que fueron despedidos durante el periodo de prueba, desde el 9 de marzo, y los que habían dejado un empleo para incorporarse a otra oferta, un cambio que frustró el estallido de la crisis. El Gobierno también ha aprobado que hasta 400.000 autónomos puedan cambiar de manera temporal la tributación del IRPF y el IVA por módulos al de estimación directa. Además, las pymes que calculen su pago fraccionado en el impuesto sobre Sociedades según los beneficios de ejercicios anteriores podrán pasar a calcularlo en función de los beneficios reales trimestrales. Según los técnicos de Hacienda, la medida beneficiará a 1,5 millones de empresas.

Via La Vanguardia