La morosidad, el mal crónico del autónomo español.

El impago sigue siendo uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los autónomos españoles: 1 de cada 2 tiene problemas para cobrar sus facturas.

Los trabajadores por cuenta propia asumen el riesgo de levantar la persiana a diario y conducir su negocio sobre una cuerda tensada en frágil equilibrio. Como un funámbulo, el autónomo avanza expuesto a no pocos obstáculos que pueden desestabilizar su arriesgada marcha en solitario ante una pequeña ráfaga de aire en un sentido no esperado que el precipite contra el suelo. Es la sensación que acompaña a miles de autónomos ante su mayor temor: la morosidad.

El riesgo de impago es una de las lacras que asolan al autónomo que 2019 no vivió su mejor año. El ejercicio se cerraba con una media de 39 nuevos autónomos cada día, muy por debajo de los 137 valientes que emprendían este camino el año anterior. Son cifras de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) que ponen de relieve hasta qué punto la incertidumbre determina la confianza del trabajador autónomo. También en un aspecto fundamental: cobrar.

Tanto que según esta misma organización, 1 de cada 2 autónomos españoles afirma que le cuesta cobrar las facturas emitidas. Retrasos e impagos que fagocita'n cualquier vía de crecimiento y que lejos de ser la excepción, son un mal común. No cobrar en el tiempo acordado es una constante para el trabajador autónomo que, sin los mecanismos necesarios para impedirlo, asume el desfase entre la emisión de la factura y el cobro con la resignación de quien no puede luchar contra el sistema.

En este sentido, Orange lidera la toma de conciencia sobre las problemáticas que se encuentran los autónomos a la hora de enfrentarse al impago de facturas, con una campaña de apoyo (Nacidos para ser autónomos) a todos estos emprendedores , que constituyen alrededor del 95% del tejido empresarial español y son los que mantienen la economía nacional.

No recibir los pagos a tiempo es una de las causas por la que muchos negocios, especialmente aquellos más pequeños y con menor acceso a otras vías de liquidez, deben cerrar. Un desfase que no sólo alimenta su nivel de endeudamiento sino que impide que, a través de la contratación de nuevos profesionales, la organización pueda crecer. Una situación que ha duplicado el número de autónomos y pymes preocupados por los impagos sin apariencia de mejorar en el próximo ejercicio.
Se trata de un desajuste que también ha sido denunciado en el seno de la Comisión Europea, organismo que ha descrito este fenómeno como 'mal endémico' y con especial incidencia en el sur de Europa (España, Italia y Portugal). Pero lejos de reducir el temor a sufrir impagos, este parece que se duplica según el último Informe Europeo de Pago elaborado por la sueca Intrum que indica que el número de negocios españoles que espera sufrir impagos en 2020 pasa del 5% al 10%.
En el público y el privado

No sólo se teme el impago, sino la eterna espera. Unos plazos de cobro de las facturas excesivamente prolongados son, según este informe -elaborado tras encuestar a 12.000 negocios-, la principal preocupación de los autónomos. A pesar de la existencia de una Ley de Morosidad que establece el plazo máximo de días para el pago de las facturas de sus proveedores, según la ATA, el periodo medio de pago entre empresas privadas se establece en 89 días, 29 días más de los 60 que establece la Ley.

Si tenemos en cuenta el tamaño de la empresa, este organismo constata que son precisamente los autónomos sin trabajadores y las micro pymes las que menos tardan en efectuar el pago a sus proveedores. Según va aumentando el tamaño de la empresa, los periodos de pago empeoran y son las grandes empresas las que más tardan en pagar las facturas pendientes (122 días de media), según estimaciones de la LIGA.

El sector público, aunque mejora los plazos, no supone una excepción y tarda una media de 68 días en hacer frente al pago respecto a los 30 días establecidos por ley. Unos plazos que comprometen el margen de actuación del autónomo que, además de pagar mensualmente la conocida cuota de actividad y avanzar el IVA en la factura, es uno de los colectivos con mayor dificultad de acceso a financiación externa .

Vía La Vanguardia