El Gobierno rebaja el IRPF a 800.000 agricultores y ganaderos por la sequía

El Gobierno activó ayer las primeras ayudas al sector agrícola que ya sufre los efectos de la sequía en sus explotaciones. Un salvavidas inicial centrado en dos frentes. Por un lado, autorizó rebajas en el IRPF para los agricultores y ganaderos que tributen por el sistema de módulos y, por otro, avanzó un paquete de ayudas económicas para diferentes sectores.

En el apartado fiscal, el Ministerio de Hacienda publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden para aplicar una reducción general del rendimiento neto del 25% a la que, según cálculos de la Agencia Tributaria, podrán tener acceso hasta 800.000 profesionales autónomos. La rebaja en el impuesto sobre la renta se amplía hasta el 30% para los profesionales dedicados al cereal, las oleaginosas y leguminosas, el castaño, el melocotón, la nectarina, el albaricoque y los sectores ganaderos, y llega al 50% en el caso del olivar, el almendro y la apicultura. El Ejecutivo ha decidido, por tanto, aplicar una mayor reducción fiscal a las explotaciones más afectadas en este momento por la ausencia de lluvias. Los profesionales que se dedican a los frutales en el interior de Catalunya, donde hay 70.000 hectáreas plantadas, podrán optar a esta ayuda.

Hacienda estima que la orden supondrá una rebaja de la base imponible de 1.807 millones de euros, la de mayor alcance de la última década, según destacó ayer el ministro de Agricultura, Luis Planas, tras la reunión del Gobierno.

La misma orden del Ministerio de Hacienda contiene una ayuda adicional para los profesionales del campo que declaran su IRPF a través de la estimación objetiva agraria. Para ello aprobó una reducción del 35% del rendimiento neto previo por la adquisición de gasóleo agrícola y de un 15% en el caso de la compra de fertilizantes.

La rebaja fiscal alcanza los 1.807 millones y es la más ambiciosa de la última década para el campo

Los ganaderos que adquieran piensos a terceros, tanto intensivos como extensivos, y los agricultores con cultivos en tierras de regadío que utilicen energía eléctrica seguirán beneficiándose de una reducción en el índice corrector del 0,5 y del 0,75 respectivamente.

El Consejo de Ministros, por su parte, dio luz verde a un paquete de acuerdos para activar apoyo financiero urgente y directo al sector agrícola. Se trata de la primera medida de auxilio activada en esta crisis de precipitaciones ya que, tal y como afirmó la vicepresidente tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el Gobierno está contemplando nuevas ayudas excepcionales.

En este conjunto de medidas se incluye la renovación del convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y Agroseguro para subvencionar la contratación de pólizas para el año 2023 por un total de 317,7 millones. Se trata de una de las principales reclamaciones de agricultores y ganaderos: que los seguros sean ágiles para, en caso de que tuvieran que activarse, no detener su actividad durante demasiado tiempo. En este momento hay 410.000 pólizas y el año pasado, según señaló Planas, se aseguraron unos 14.800 millones de producción agrícola nacional.

El Consejo de Ministros también aprobó la movilización de 292,7 millones para fondos especiales para el campo. En concreto, la administración central aportará 158,2 millones más a diversos sectores y materias con cargo a los Presupuestos de este año. Las ayudas van dirigidas al sector de la apicultura, al control del rendimiento lechero, al programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (enfocado a Canarias) y a las razas autóctonas ganaderas nacionales.

Planas: “Agricultores y ganaderos pueden estar tranquilos porque vamos a seguir apoyándolos”

“Nuestros agricultores y ganaderos pueden estar tranquilos porque vamos a seguir apoyándolos”, declaró Luis Planas. Para la Junta de Andalucía estas ayudas no son suficientes. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, reclamó ayer adelantar los fondos de la PAC al 90%, otras rebajas fiscales que afecten al IVA, una reducción de las cuotas de la seguridad social y deducciones en el IBI.