Déficit de jueces y fiscales en una Justicia desbordada

España tiene 11,5 jueces por cada cien mil habitantes frente a los 17,7 de media europea. En lo que respecta a los fiscales, hay 5,2 por el mismo número de personas, mientras que el promedio está en 11,25. Así se desprende del informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia de 2020.

Se trata de unos datos que contrastan con los de Portugal, por ejemplo, que tiene 19,3 jueces y 13,5 fiscales por cada cien mil habitantes, o con los de Alemania, donde hay 24,5 jueces y 7,1 fiscales. En situación parecida a la nuestra está Italia, que tiene 11,6 jueces y 3,7 fiscales, y Francia, que dispone de 10,9 jueces y 3 fiscales.

Pese a que España tiene un déficit evidente en el número de estos servidores públicos, está por encima de la media europea en la cantidad de pleitos que enfrentan a ciudadanos y empresas en primera instancia. El promedio se sitúa en 2,2 litigios por cada cien habitantes, si bien España tiene 2,7, según datos de la Comisión Europea. Francia se encuentra dentro de los límites e Italia tiene 2,6 causas. Solo el año de la pandemia entraron más de cinco millones y medio de asuntos en los órganos judiciales nacionales, de los que deben conocer los poco más de cinco mil jueces que hay en total, como reflejan las cifras del Poder Judicial.

Esta situación explica que los tribunales se enfrenten a problemas de “eficiencia, condicionada por unos procedimientos judiciales cada vez más largos”, en palabras de la Comisión Europea al valorar la situación del Estado de Derecho de España el año pasado. El cálculo es sencillo: “Si tienes muchos asuntos y pocos jueces, se retrasa la solución que da el juzgado. Y una Justicia lenta se aleja de la idea de Justicia”, argumenta Judge The Zipper, un conocido magistrado en la red social Twitter.

Señalamiento en 2024

A modo de ejemplo, en junio se hizo popular la decisión de una letrada de la administración de justicia, que adelantó un procedimiento urgente por despido fijado para 2024 a cuando quedase “hueco en la agenda”. El trabajador temía no poder cobrar la indemnización pasados tres años desde el señalamiento porque la empresa ya había sido declarada en concurso de acreedores.

Lamentablemente, este caso no es una excepción. “El tiempo de tramitación de los asuntos civiles, mercantiles y administrativos en primera instancia ha ido en aumento desde 2016. Es especialmente largo en los asuntos civiles y mercantiles ante el Tribunal Supremo, donde supera los 600 días. Además, está disminuyendo la tasa de resolución. El número de asuntos que entran en el sistema judicial es mayor que el número de asuntos que se resuelven, por lo que se generan retrasos, y este fenómeno va en aumento”, advierte la Comisión Europea en su informe.

Aunque los jueces afirman que les gustaría “dedicarle a cada asunto el tiempo necesario” para que la decisión final sea la mejor de las posibles, en la práctica tienen que hacer “malabares”, dice el magistrado Judge The Zipper. Como resultado, a veces le entregan a los ciudadanos “un boceto” en lugar de “un dibujo”.

Justicia a dos velocidades

Luisa María Gómez Garrido, presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, explica que el déficit de jueces y fiscales tiene “efectos prácticos” en la vida de las personas. Según una encuesta del mes de mayo de Metroscopia para el Poder Judicial, el 72 % de los consultados considera que la justicia es lenta y el 79 % que no cuenta con los recursos necesarios para actuar con eficacia y rapidez.

La magistrada añade que la dotación de la planta judicial en España es “dramática”, pero no solo en comparación con los países de la Unión Europea, también entre comunidades autónomas.

Así, por ejemplo, Asturias era el territorio con la mejor ratio de jueces por habitante (14,5), mientras que el último puesto lo ocupaba Castilla-La Mancha (9,4), según un informe del Poder Judicial de 2019. “No hay nada más desesperante que necesitar 20 plazas y que te den tres”, dice la magistrada, que también es miembro nato de la Sala de Gobierno del alto tribunal manchego.

Esto ha dado lugar a lo que se conoce como justicia a dos velocidades, como recogió una encuesta de Sigma Dos para el Poder Judicial en 2015. En ella, nueve de cada diez jueces ya afirmaban que los medios con los que contaban eran “diferentes” dependiendo de las comunidades autónomas en las que estuvieran destinados. “Es una opinión unánime”, enfatiza el estudio.

Además, la “cultura jurídica” española, tendente a la “litigiosidad”, es otro de los factores que influyen en la obstrucción de los juzgados, explica Gómez Garrido. Por eso, en lugar de interponer en primer lugar una demanda, la magistrada valora la posibilidad de solventar los conflictos a través de vías alternativas como la mediación, prevista en la ley para asuntos civiles y mercantiles desde 2012; el arbitraje, desde 2003; o la conciliación, característica del procedimiento laboral.

Pese a la situación de colapso en la que viven instalados los juzgados y tribunales, España es uno de los países que más dinero ha invertido en Justicia en los últimos años. En concreto, ha destinado 78,70 euros por habitante frente a la media europea de 40,79 euros, de acuerdo con el informe para la Eficacia de la Justicia. Una situación que puede parecer contradictoria, pero que tiene su origen en “la estructura arcaica” del sistema, explica Fernando Germán Benítez, delegado de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga. “La Justicia arrastra un retraso endémico que motiva que la gestión de los recursos sea ineficiente”.

Administración abandonada

El fiscal apunta que el proceso penal es uno de los coladeros por los que se escapa el dinero. En concreto, llama la atención sobre las penas impuestas por sentencia firme, que a veces prescriben por no ejecutarse en plazo después de todos los gastos que supone la investigación y el enjuiciamiento. También invita a repensar el modelo actual donde un juez instruye y otro juzga por uno donde sea el fiscal quien se ocupe de la investigación con el soporte de un juez, encargado de autorizar las actuaciones que así lo requieran. “Un modelo de ese tipo agilizaría el procedimiento penal y optimizaría recursos”, sostiene. Una modificación que también destaca la Comisión Europea en su informe.

“Salimos de una Administración de Justicia muy abandonada. Se han sucedido gobiernos de distinto signo sin una continuidad” en los proyectos, “sin un modelo claro de lo que se quiere hacer”, dice el delegado de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga. Por eso, es necesario que las “fuerzas políticas” se pongan de una vez de “acuerdo” para poder “avanzar”.